La
Habana, 10 de agosto de 2007.
¨Lo
sentimos pero lamentablemente el Sr.
Betancourt acaba de morir de un infarto…¨,
fue la noticia que le dio el instructor
penal Evert a la consternada familia del
detenido, el pasado 31 de julio.
Bajo
sospecha de narcotráfico el Sr. Jorge
Betancourt, de 52 años de edad, fue
arrestado en su domicilio el día 20 del mes
pasado y asegurado en el Centro Nacional del
Departamento Técnico de Investigación (DTI),
en 100 y Aldabó, Ciudad de la Habana, donde
lo sometieron a reiterados interrogatorios.
A la
semana tuvo visita familiar de 10 minutos y
según cuenta su viuda, lo encontró
demacrado, con notable pérdida de peso, muy
nervioso y deprimido. Él les contó que no
resistía las condiciones del encierro, que
no comía por falta de apetito y que apenas
podía dormir.
Alarmados por el evidente deterioro de su
salud y los antecedentes de cardiopatía
isquémica e hipertensión arterial, los
familiares de Betancourt pidieron a los
oficiales que consideraran la posibilidad de
cambiar la medida por arresto domiciliario
y, de ese modo, facilitarle una atención
médica adecuada aunque siguiera bajo proceso
de investigación.
La
respuesta de los militares fue que tal
solicitud no dependía de ellos, sino que
esas decisiones solo competían a la
fiscalía. También le aseguraron a la familia
que no debían preocuparse, pues contaban con
asistencia médica en el Centro.
Según la versión de los oficiales, tres días
más tarde Jorge Betancourt presentó intenso
dolor precordial acompañado de
adormecimiento del brazo izquierdo. Lo
sacaron de la celda y llevaron caminando
para el hospital Nacional, a unas 15 cuadras
de distancia. Refirieron, además, que
durante el trayecto conversó normalmente y
hasta se rió de algunas bromas. Luego, en la
mencionada institución de salud se agravó su
cuadro y finalmente los médicos certificaron
su muerte.
Asumiendo por verdadera la historia contada
por los oficiales respecto a las
circunstancias en que murió el recluso, se
plantean varias interrogantes: ¿por qué si
tienen vehículos a su disposición en el
D.T.I. sometieron al enfermo a una larga
caminata hasta el hospital?, ¿no se
comprende cómo una persona infartada se
comporta normalmente e incluso se encuentra
de buen ánimo para conversar y reírse de los
chistes?, ¿cuál es la capacidad profesional
de los médicos del Departamento que ante la
sintomatología de la víctima ni siquiera
sospecharon su condición de gravedad?
A
pesar de la férrea censura de la información
en Cuba, durante los últimos meses se ha
conocido de otros reos muertos bajo custodia
del Gobierno, entre ellos:
-
El joven
recluso Norbert Jorrín Ortega, de 20
años de edad, murió el 25 de abril de
este año en el hospital ¨Miguel
Enríquez¨, por falta de atención médica
adecuada e irresponsabilidad de las
autoridades de la prisión ¨Combinado del
Este¨, en Ciudad de la Habana.
-
Dos
detenidos bajo investigación aparecieron
¨ahorcados¨ en los calabozos de la
estación de policía de Aguada de
Pasajeros, en la provincia de
Cienfuegos. Primero fue el opositor
político Manuel Acosta Larena, de 47
años, el día 24 de junio. Un mes más
tarde, el 22 de julio, ¨encontraron
colgado¨ a Cecilio Echevarria Hernández,
de 54 años. Posteriormente como castigo
por esos incidentes el jefe de policía
en la localidad, Miguel López Santana,
fue ascendido a teniente coronel.
-
En la
prisión de máxima seguridad ¨Kilo 8¨ de
Camagüey a finales de julio los
carceleros asesinaron a golpes con
barras metálicas y otros objetos a 3
reos, dos de ellos nombrados Amaury
Medina Puig y Carlos Rodríguez Labrada,
este último de 24 años, tras una reyerta
entre los presos.
En
todos los casos descritos los familiares
llevan a cuesta el dolor por la pérdida de
sus seres queridos y el sufrimiento de que
las autoridades del Gobierno, hasta ahora,
no les brindan el beneficio de la justicia,
ya que los militares con responsabilidad por
las muertes de los reclusos no son juzgados
y todos gozan de impunidad.
Las
evidencias expuestas indican que estamos en
presencia de una política oficial
establecida por las altas esferas del
Régimen para conservar el poder a toda
costa, sin escatimar en el empleo del
terror. Situación contrapuesta a los
reclamos de abrir una investigación acerca
de las circunstancias en que murieron esos
seres, sancionar con apego a las leyes a
quienes sean hallados culpables y la
adopción de medidas jurídicas y mecanismos
para que en lo adelante no se repitan ese
tipo de hechos criminales.